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La pandemia empuja a los trabajadores españoles a salir de la sombra

09/05/2022

Durante décadas, un sobre lleno de dinero era la forma en que cientos de miles de españoles que trabajaban sin contrato legal en el turismo, la agricultura o la construcción cobraban sus salarios.

Sin embargo, el programa COVID-19 puede acabar con el “sobre”, según sugieren los datos económicos y las experiencias de los trabajadores, lo que acelera la represión de la economía sumergida que se lleva a cabo en España desde hace seis años y supone un bienvenido impulso para las finanzas públicas del país.

La economía española fue la más afectada de la zona del euro por la pandemia, con una contracción del 11% en 2020 en medio de duros cierres. Dos años después, aún no ha recuperado su nivel anterior al virus.

Pero también ha ocurrido algo inesperado: la recaudación fiscal global y el número de personas con empleo oficial son ahora mayores que en el momento en que se produjo el COVID-19.

La razón, según los expertos laborales, sindicalistas, empresarios y trabajadores entrevistados por Reuters, es que un efecto secundario imprevisto de la pandemia ha sido sacar a muchos españoles de la economía sumergida y llevarlos al empleo regular.

Las causas principales han sido la disminución del uso de dinero en efectivo como resultado de las medidas de higiene de la época de la pandemia, junto con el aumento de la demanda de contratos por parte de los trabajadores que vieron que pasar desapercibido también significaba perderse los pagos de los permisos durante los cierres.

Aunque algunos de estos factores se aplican a otros países, la composición de la economía española y otros factores locales hacen que el impacto sea especialmente tangible allí.

“En el sector de la hostelería hay un antes y un después de la pandemia”, afirma Gonzalo Fuentes, representante del sector de la hostelería en CCOO, el mayor sindicato de España de un sector que en 2019 representó el 12,4% de la economía oficial española.

“Los trabajadores se dieron cuenta de que estar en la clandestinidad no compensa, aunque al no pagar impuestos ni cargas sociales ganaban más”.

CORRIENDO AL OLIVAR

Aunque la medición de las economías sumergidas es difícil por su propia naturaleza, las estimaciones muestran que, incluso antes de la pandemia, la campaña de España para frenar la actividad oculta la había alejado de sus pares de la zona euro, Italia, Grecia y Chipre, donde la actividad económica sumergida sigue siendo significativa.

Antes de la pandemia, las autoridades españolas intensificaron las inspecciones de trabajo en el sector del turismo y la agricultura, utilizando incluso algoritmos para detectar el fraude fiscal.

“Los empleadores han cambiado. Ahora todo el mundo te hace un contrato”, dice un hombre de 55 años que sólo quiere identificarse como “A.R.” porque lleva 30 años trabajando sin declarar como camarero para complementar sus ingresos principales en el sector público.

“Recuerdo haber estado en una boda justo antes de la pandemia y, antes de que empezara el servicio, llegaron los inspectores y empezaron a identificar a todos los camareros. Un grupo de ellos salió corriendo por los olivares”, dijo a Reuters.

Al mismo tiempo que cambiaban las prácticas laborales, la COVID-19 puso de manifiesto la desprotección de los trabajadores informales y provocó un cambio en el comportamiento de los consumidores, ya que los protocolos de higiene fomentaron el paso del pago en efectivo a la tarjeta de crédito, un factor clave para reducir el fraude fiscal.

“Esto es muy importante para el control fiscal porque son transacciones rastreables”, dijo el director de la Agencia Tributaria española, Jesús Gascón, a los legisladores de una comisión parlamentaria.

Además, ese cambio se sumó a la prohibición, en julio de 2021, de pagar más de 1.000 euros (1.054,00 dólares) en efectivo, como parte de las medidas del Gobierno para acabar con la economía sumergida.

“El pago por transferencia bancaria ha cambiado totalmente la mentalidad del sector agrario”, afirma Vicente Jiménez, responsable de la rama agraria del sindicato CCOO. “Es un viaje sin retorno. Un viaje hacia el siglo XXI”.

Combinadas, estas dos tendencias han tenido un impacto considerable.

El número de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social superó por primera vez en abril de 2022 los 20 millones, frente a algo menos de 19 millones antes de la pandemia.

Los ingresos fiscales alcanzaron en términos brutos 275.000 millones de euros en 2021, frente a los 248.000 millones del año anterior y los 266.000 millones de 2019 antes de la llegada del virus.

Ese impulso extra para las arcas del Estado ha sido uno de los factores que ha permitido a España recortar su déficit presupuestario en 2021 hasta el 6,9% del PIB, desde el 11% del año anterior, por encima de las expectativas del propio Gobierno.

“La economía sumergida, que era uno de los puntos débiles del sistema fiscal español, por fin sale a la luz”, dijo la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una rueda de prensa el 29 de abril para presentar las perspectivas económicas de España.

ITALIA EN LA SOMBRA

Los datos recogidos por el economista de la Universidad de Linz Friedrich Schneider, experto en economías sumergidas cuyo trabajo en la materia ha sido publicado por el Fondo Monetario Internacional, sugieren que España se está alejando de su principal par mediterráneo, Italia.

Según sus cálculos vistos en exclusiva por Reuters, la economía sumergida española creció brevemente en 2020 hasta alcanzar el 17,39% del total de la actividad económica, antes de experimentar una fuerte caída en 2021 que la llevará al 15,8% de la actividad este año. Esta cifra está muy por debajo de Italia, Grecia o Chipre, donde la actividad oculta representa al menos el 20% de la actividad económica total, según Friedrich, y es inferior a la media europea, que prevé que sea del 17,29% este año.

Los esfuerzos de Italia por atajar su economía sumergida se han estancado, según los datos de Schneider, estancados en torno al 20% de la economía italiana desde 2020.

Schneider subraya que los datos de 2022 siguen siendo solo proyecciones y observa que el tamaño de la economía sumergida de un país también está influenciado por factores locales.

En países federalizados como España, donde muchos impuestos se gestionan a nivel local, la propensión a pagar impuestos es mayor, dice Schneider, algo que se refleja en las bajas cifras de la economía sumergida en Austria o Alemania.

Otro factor que determina el tamaño de una economía informal es qué actividades se consideran legales en ella: Schneider señala que en los Países Bajos, por ejemplo, el hecho de que la prostitución o el consumo de drogas blandas sean parcialmente legales o estén tolerados significa que tales actividades pueden incluirse en la economía formal, sujeta a impuestos.

Al igual que España, Italia también se ha beneficiado de la transición del uso del efectivo a las tarjetas bancarias.

Los propios datos de Italia muestran que hizo un progreso constante en la represión de los evasores de impuestos entre 2014 y 2019, sus datos más recientes disponibles. Reducir aún más la evasión fiscal es uno de los objetivos del Plan de Recuperación post-pandémico de Italia acordado con la Comisión Europea a cambio de más de 200.000 millones de euros de fondos de la UE. Los datos oficiales muestran que alrededor del 18,5% de los impuestos en Italia fueron evadidos en 2019.

“Hemos hecho mucho para frenar la evasión, pero todavía queda mucho por hacer”, dijo Alessandro Santoro, un profesor de economía que asesora al gobierno italiano, diciendo que se podrían hacer progresos decisivos ampliando las bases de datos del ministerio de finanzas y flexibilizando la legislación de protección de la privacidad.

De vuelta a España, hay un sector de la economía sumergida que sigue muy arraigado: el empleo de trabajadores indocumentados cuyo sustento es a menudo demasiado precario como para que puedan enfrentarse a empleadores sin escrúpulos.

J.C., un colombiano de 27 años, entró en España hace tres años y ha pasado de trabajar en un bar a hacerlo en una fábrica, pero sin conseguir el contrato que necesita para convertirse en residente legal.

“(Mi empleador) me dijo que este año no… Se ahorra mucho dinero manteniéndome irregular. Quizá el año que viene”.

Reuters. Traduce Serenity Markets.

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